Habrá quienes puedan justificar la grabación ilegal de conversaciones, bajo el argumento que cuando se trata de proteger la seguridad del estado, o impedir la comisión de un delito se hace indispensable hacerse de la prueba necesaria para impedir el hecho a enjuiciar al infractor. Habrá quienes consideren que prevalece el derecho colectivo sobre el individual en relación con la privacidad y por lo tanto en el caso en concreto se habrá de analizar las condiciones, formas y modos en que producen los hechos. Ahora lo que nadie podrá justificar es que sea el programa “La Hojilla” el que lo divulgue. ¡Allí no hay razones de estado!